El año 2026 ha comenzado con un récord en la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo: un 81,9% en el mes de enero. Aunque lo más sorprendente no es el dato en sí, que mide cuántos parados con experiencia laboral (y, por lo tanto, que han cotizado por desempleo) reciben una prestación contributiva o un subsidio, sino que por primera vez en toda la serie histórica diez provincias superan el porcentaje del 100%. Es decir, que tiene más personas que cobran el paro que parados registrados con derecho a hacerlo.
El Gobierno siempre presume del incremento de la tasa de cobertura como resultado de la recuperación de la protección a los desempleados tras los ‘recortes’ impulsados en 2012 por los Gobiernos del PP. Aunque el anterior máximo histórico para un mes de enero se produjo en un escenario económico muy diferente al actual: en 2010, en plena Gran Recesión, cuando se alcanzó el 80,9%, un punto porcentual menos que en el arranque del presente año.
La nueva ruptura del ‘techo histórico’ no se puede explicar por una oleada de despidos como hace 16 años, aunque ha habido un cambio sustancial en el mercado laboral: el auge de la contratación indefinida ha tenido su eco en las altas de prestación por desempleo, que provienen de trabajadores con empleos estables que generan más derecho a prestación. A esto se suma un notable incremento de los beneficiarios de subsidios mayores de 52 años, que tienen más fácil que antes de la pandemia acceder a una ayuda que pueden percibir hasta jubilarse. Pero tampoco puede minimizarse el papel de la reducción del paro. Pese al incremento del gasto, en el último año el número total de beneficiarios de prestaciones ha caído un 4%. Es decir, este incremento del gasto en ayudas es también una mejora de eficiencia (cobran más los que más lo necesitan); no supone un desincentivo a la hora de buscar empleo. Pero este argumento queda en entredicho por el sorprendente fenómeno de que en algunas regiones la tasa de cobertura supere el 100%. Es un indicio más que obvio de que hay más personas cobrando el paro que parados con derecho a hacerlo. La explicación del SEPEPero el misterio es muy fácil de resolver. Basta con consultar la nota a pie de página del documento del SEPE que acompaña a las tablas: “En las provincias con elevado volumen de trabajadores fijos discontinuos, la tasa de cobertura puede superar el 100% en los meses de temporada baja”. Es decir, se trata de trabajadores que acceden a la prestación no al ver extinguido su contrato, sino porque este se interrumpe y ellos pasan a la inactividad, mientras esperan que su empresa vuelva a llamarles. En este tiempo no se consideran parados registrados.
Como hemos contado en elEconomista.es, desde la reforma laboral hay más altas de prestación por este motivo que por despidos. Eso sí, debido a la volatilidad entre periodos de actividad e inactividad, sus prestaciones son más cortas, lo que explica la elevada fluctuación entre meses.
Las provincias más afectadas son Baleares (332,3%, es decir más del triple de personas cobrando el paro que parados), Girona (123,8%), Huelva (117,3%), Huesca (114,5%), Teruel (107,4%), Soria (104,5%), Jaén (103,6%), Cáceres (102,7%), Segovia (101,8%) y Tarragona (101,7%). Otras diez superan el 90%. Por comunidades autónomas, sólo Baleares (que es uniprovincial) supera la cota, pero Extremadura alcanza por primera vez el 100% de media (Badajoz registra un 97,8%).
Hace un año solo cinco provincias (Baleares, Girona, Huelva, Tarragona y Huesca) superaban el 100%, mientras que Cáceres lo alcanzaba sin rebasarlo. Pero si nos remontamos al mes de enero de 2021, únicamente el archipiélago mediterráneo registraba más personas cobrando el paro que parados con derecho a hacerlo. La razón es que su actividad turística y hostelera siempre se ha basado, en gran medida, en la contratación fijo-discontinua. Eso sí, su tasa de cobertura era mucho menos de la mitad que hoy. Para entender mejor lo que ocurre, hay que tener en cuenta cómo se calcula la tasa de cobertura. La fórmula, que no se ha modificado en la última década, consiste en dividir el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo entre el resultado de restar a la cifra de parados con experiencia laboral los beneficiarios del subsidio de eventuales agrarios, que no cuentan como parados registrados. Esta operación se diseñó para evitar que las personas que cobran el antiguo PER agrario distorsionaran la tasa en Andalucía y Extremadura.
Pero no se incluyó la prevención de excluir a los fijos discontinuos inactivos que pueden cobrar prestación, aunque tampoco se consideran parados. Ello a pesar de que ya se conocía que en Baleares la figura estaba provocando tasas de coberturas superiores al 100%, en parte porque el Gobierno anterior, del PP ya incentivó el uso de esta figura como alternativa a los contratos temporales, aunque su impacto se limitó a las islas.
Sin embargo, la reforma laboral de 2021 amplió el uso de esta figura a todos los sectores, incluidas las empresas de trabajo temporal. Esto tuvo una consecuencia inesperada: muchos trabajadores eventuales agrarios pasaron a trabajar bajo modalidades de contratos fijos discontinuos. En sus periodos de inactividad cobran la prestación y no un subsidio especial, lo que eleva la tasa de cobertura.
En todo caso, el papel de los fijos discontinuos en el incremento de la tasa de cobertura y también en el gasto en prestaciones es una de las grandes incógnitas en el nuevo mercado de trabajo creado por la reforma laboral de 2021. Una cuestión que nos devuelve a la polémica de si el impulso a esta figura está ‘inflando’ las cifras de mejoría del mercado laboral que presenta el Gobierno. Pero que, sobre todo, señala directamente a las condiciones reales de estos trabajadores que pueden pasar semanas o meses con el trabajo interrumpido y sin otro recurso que una prestación por desempleo, pero invisibles a ojos de las estadísticas del paro.