El resurgir inflacionista se frenó en seco en abril. Si el primer mes completo de guerra, marzo, implicó una escalada de los precios superior a un punto, en el segundo el golpe se ha contenido, e incluso se moderó ligeramente: el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que abril cerró con una subida de los precios del 3,2% respecto al mismo mes del año pasado, un dato que coincide con el adelantado. Detrás de esa moderación de dos décimas respecto a marzo está la electricidad, que se abarata. Ello ha propiciado que el Gobierno haya anunciado el final, a partir del 1 de junio, de la rebaja de impuestos sobre la luz y el gas natural, que como adelantó este miércoles EL PAÍS pasarán de nuevo al 21% desde el 10% actual. La reducción se concibió como una medida excepcional solo para casos de encarecimiento desbocado que ahora no se están dando, dado que en abril la electricidad cayó un 4,3%, y el gas natural hizo lo propio un 9,6%. La rebaja del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sin embargo, continuará.
También se mantendrán las rebajas a los carburantes, dado que los precios de los combustibles, muy dependientes de la evolución del barril de brent, no han seguido la senda de la electricidad y el gas, y con la crisis en el estrecho de Ormuz todavía vigente, superaron en abril el 15% de ascenso, el umbral que el real decreto ley fija para revertir las ayudas. Concretamente, la inflación de los carburantes sin tener en cuenta las medidas fiscales hubiera sido del 28,9%, según confirman los datos del INE de este jueves. La cifra final es inferior en más de 16 puntos por la rebaja que fija el IVA sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes en el 10%, que permanecerá como mínimo hasta el 30 de junio, con posibilidad de prorrogarse más allá.
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, cree que prolongar las ayudas demasiado tendría efectos indeseados. “Sería deseable revertir los recortes de gravámenes sobre los carburantes, en cuanto la inflación lo permita, ya que estas medidas, si se perpetúan, entrañan un coste presupuestario muy elevado”.
Aunque el Gobierno actúa sobre los combustibles de manera conjunta, el comportamiento del precio del diésel y la gasolina está siendo dispar. Mientras el primero subió un 28,2% en abril, la segunda solo lo hizo un 2,2%. Esa brecha que se viene notando desde el inicio de la guerra en Irán, cuando el litro de diésel rebasó al de gasolina, que históricamente ha sido más barato. Esa ventaja se ha borrado debido a que mientras Europa dispone de suficiente capacidad de refino para ser exportadora neta de gasolina, sufre un déficit crónico de gasóleo, lo que la obliga a depender de las importaciones para satisfacer su demanda interna.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido este jueves en que las medidas “están funcionando”, aunque admitió que “sigue habiendo presión” por la guerra en Irán, lo cual justifica que no se eliminen todavía los descuentos a los combustibles. El Ejecutivo ha comunicado que tampoco decaerán el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas, ni los descuentos reforzados del bono social eléctrico —42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos—. Cuerpo abrirá próximamente un periodo de diálogo sobre el futuro de estas medidas. “Lo que haremos en las próximas semanas es ir reuniéndonos con los agentes sociales y los sectores más afectados para ver cómo seguimos apoyándoles más allá del mes de junio”.
El paquete de medidas se diseñó a finales de marzo, tras varias semanas de escalada bélica entre Israel y Estados Unidos e Irán que amenazaban con trasladarse rápidamente a los mercados energéticos. Ante el riesgo de una nueva espiral inflacionista, el Gobierno recuperó parte de la lógica de los antiguos escudos anticrisis y desplegó un plan valorado en unos 5.000 millones de euros con el objetivo de contener el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes a través de varias rebajas fiscales.
Sin embargo, a diferencia de anteriores paquetes, el diseño de estas medidas incorporó desde el principio una cláusula de desactivación automática vinculada a la evolución de los precios. El real decreto ley, publicado en el BOE el 21 de marzo, establecía que las rebajas en el IVA y en los impuestos especiales se mantendrían durante abril, mayo y junio, pero dejaba abierta la puerta a su retirada anticipada a partir del sexto mes del año si la inflación energética remitía. El esquema buscaba evitar que los descuentos siguieran vigentes cuando los precios hubieran vuelto a niveles de cierta normalidad y, al mismo tiempo, reducir el coste del plan. Para ello, el Gobierno ligó la continuidad de las ayudas en el mes de junio al comportamiento del IPC energético en abril, que se ha conocido este jueves.
El escudo anticrisis del Ejecutivo ha evitado un mal mayor en la inflación de este mes, que según sus cálculos habría sido de alrededor de un punto más sin su puesta en marcha. Ese factor, unido a la aportación de las renovables al mix energético, ha sido clave en la moderación de los precios, que si bien todavía subiendo a un ritmo mayor al objetivo del Banco Central Europeo, del 2%, no han reproducido el comportamiento que tuvieron durante los primeros compases de la guerra en Ucrania. Entonces, el repunte inflacionista fue fulgurante y alcanzó el doble dígito, porque afectó en gran medida al gas natural y la electricidad, algo que no está ocurriendo ahora, dado que la crisis se concentra en la escalada del petróleo y su posible contagio a otros productos.
Sin efectos de segunda ronda
Estos llamados efectos de segunda ronda, sin embargo, suelen tardar tiempo en manifestarse. Y de momento no se están dando: el alza del precio de los alimentos fue del 2,7%, exactamente el mismo que en marzo, y por debajo de los contabilizados en los dos primeros meses de 2026. Entre los que se encarecen a doble dígito están los huevos —aunque desaceleran a la mitad su avance respecto a inicios de año, cuando llegó a subir más del 30%—, las legumbres y las hortalizas
Por su parte, la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— se modera una décima y se sitúa en el 2,8%. “España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra en Irán, tanto económica, como fiscal y energéticamente”, ha resaltado el Gobierno en un comunicado tras conocerse la estadística.
La brecha entre la inflación española y la de sus socios comunitarios, sin embargo, continúa. En la inflación general se ha reducido a solo dos décimas gracias a las medidas fiscales, pero se eleva a seis décimas en el caso de la subyacente. “Es preocupante el diferencial de inflación con la eurozona, una tendencia que precede el conflicto en Oriente Medio pero que parece ampliarse en el caso de la inflación subyacente”, advierte Torres.
El País, 14-05-2026