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01 de diciembre de 2009

Expansión.com

El Congreso endurece las exigencias para las ayudas por mantener empleo

Numerosas empresas pueden verse obligadas a devolver las ayudas que han recibido por comprometerse a mantener en plantilla, al menos durante un año, a los trabajadores que hayan terminado su estancia en expedientes de suspensión de empleo

La causa es una enmienda que, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE, consiguió incluir Izquierda Unida en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas, a su paso por el Congreso de los Diputados.


La enmienda amplía de uno a dos años el periodo mínimo obligatorio que deben tener las empresas en plantilla a los trabajadores que hayan sido afectados por uno o varios expedientes de suspensión de empleo o reducción temporal de jornada. En caso de incumplimiento, las compañías beneficiadas deberán devolver a la Seguridad Social las subvenciones que recibieron por el 50% de las cotizaciones en contingencias comunes de los trabajadores en suspensión de empleo.

Las ayudas tienen una duración máxima de 240 días, ocho meses que, precisamente, comenzaron a cumplirse el pasado 6 de noviembre desde que el mismo día de marzo entró en vigor Real Decreto inicial que, a su paso por el Parlamento, se ha convertido en proyecto de ley.

Inseguridad jurídica
De ahí la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se está apoderando de muchas empresas que ya habían llegado a un acuerdo con la Administración y con los sindicatos. Un pacto en el que las compañías se han comprometido a mantener, efectivamente, el empleo durante un año de los trabajadores después del expediente de suspensión de ocupación o reducción de jornada, pero pocas son las que se aventuraron a prolongar el compromiso más allá de un año, según informaron las fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN.

En consecuencia, "la enmienda es un obstáculo para la creación de empleo en un momento de crisis como la actual y el Gobierno es consciente de ello", comenta Jesús Membrado, portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.

Es más, la modificación de la Cámara Baja ha causado preocupación en la CEOE, pero el portavoz socialista es muy claro al respecto: "Que los empresarios vayan a reclamarle al PP y a CiU que apoyaron la enmienda de IU [para ampliar de uno a dos años el compromiso de tener a los trabajadores después de la suspensión de empleo] porque los sindicatos no pusieron problemas a que la condición para recibir ayudas se circunscribiese a un año".

Incluso, en Izquierda Unida recuerdan -con sorpresa- el respaldo recibido por todos los grupos de la oposición a una propuesta que tiene como fin "aumentar el control de estas ayudas que se dan a las empresas" y endurecer sus condiciones para concederlas. Para entender la repercusión de esta reforma en el Proyecto de Ley de Fomento del Empleo y Protección del Desempleo, hay que tener en cuenta que, entre enero y septiembre de este año, último dato publicado por el Ministerio de Trabajo, 368.074 personas han pasado por este tipo de expedientes.

Incluso, la reforma desincetiva la reducción de jornada, o el desempleo parcial, que el Gobierno quiere impulsar para contener el paro, porque muchas empresas rehusarán adquirir compromisos de mantenimiento de los puestos de trabajo más allá del año previsto, para ver como evoluciona la recuperación.

Exención fiscal para el despido colectivo
El Gobierno y el PSOE tendrán que emplearse a fondo en el Senado para intentar romper las mayorías que ya en el Congreso facilitaron reformas en el fomento del empleo, la fiscalidad del despido y la cobertura del paro que pueden producir un incremento exponencial del gasto.

Además de aumentar las exigencias a las empresas para poder beneficiarse de las subvenciones a las cotizaciones sociales en los expedientes de regulación de empleo, en la Cámara Baja todos los grupos de la oposición le metieron un rejón al gasto fiscal. Como adelantó EXPANSIÓN el pasado 30 de octubre, el proyecto de ley establece que la indemnización en el despido por causas objetivas "económicas, tecnológicas, organizativas o de producción" quedará exenta de tributación hasta un límite máximo de 45 días por año de trabajo.

Es decir, que equipara su bonificación fiscal al despido improcedente. Con frecuencia, en los despidos colectivos los pactos entre las empresas y los sindicatos terminan elevando la compensación más allá de los veinte días establecidos por la la ley con el fin de facilitar el acuerdo.

Actualmente, todo lo que sobrepasa los veinte días tributa a Hacienda. Otro misil contra el gasto público es el derecho del desempleado a recuperar toda la prestación que hubiera consumido en suspensiones de empleo. El proyecto de ley inicial lo había limitado a 120 días.

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