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10 de junio de 2009

Expansión.com

Las empresas pierden mil millones de euros por no ajustar los salarios a la caída de los precios

La retribución media que paga la empresa sube a un ritmo del 3,5% e ignora las caídas del IPC. La escasa flexibilidad de los convenios y la mala previsión oficial de precios agravan el fenómeno.

La falta de sincronización entre la evolución de los sueldos españoles y el IPC ha sido siempre uno de los principales talones de Aquiles del mercado laboral. Las grandes empresas no comenzaron a rebajar las retribuciones de sus trabajadores hasta 14 meses después del estallido de la crisis, una reacción que los expertos tildan de «tardía».


Con todo, los sueldos crecieron en abril un 3,5% en tasa interanual, frente al retroceso del –0,8% que ya marca la inflación, una brecha que, de cerrarse, evitaría a las empresas el gasto de 969,5 millones de euros, para un salario repartido en 12 pagas.

El cálculo está realizado sobre la base de las empresas que la Agencia Tributaria (AEAT) califica como grandes empresas, esto es, aquellas cuyo volumen de operaciones haya superado los 6,01 millones de euros en el último ejercicio; en la práctica, estas sociedades emplean a más de cinco millones de trabajadores, según Economía.

Los expertos consultados aclaran que durante la bonanza económica las sociedades «descuidaron» el impacto de la inflación sobre los costes laborales, y es en mitad de la recesión cuando le ven las orejas al lobo. Pero también es cierto que las rigideces de los convenios españoles hacían más que difícil comunicar a los sindicatos una rebaja salarial, especialmente cuando el Gobierno negaba la llegada de la deflación.

La patronal no maneja el cálculo exacto de las pérdidas que conlleva el descompasamiento de los salarios con la inflación. Para José Carlos Díez, jefe economista de Intermoney, una aproximación pasa por chequear las retribuciones brutas de las grandes empresas y estudiar cuáles serían sus pérdidas en el actual escenario de deflación.

Así, en abril dedicaron 10.099 millones brutos para cubrir salarios, el 80% de esta factura la soportó el sector servicios. En la situación actual, cada sociedad ahorraría 80,79 millones de euros al mes (escenario para un IPC del -0,8%, último dato del avance de mayo que debe corroborarse hoy).

Eso sí, la estimación, matiza Díez, no depura el impacto que ha tenido la pérdida de trabajadores sobre los costes de las empresas, por lo que habría que descontar los salarios quienes han abandonado su puesto. Se trata de un cálculo válido si se toma la situación de las empresas como una fotografía fija.

A esa caída, de unos mil millones al año, habría que añadir el impacto de los aumentos salariales que aún se producen. Las empresas con convenio colectivo registran de media un aumento del 2,68%.

Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, explica que no cabe duda de que todo ese ahorro «sería un mecanismo de ajuste esencial» para ayudar a las empresas a tomar aire. Díez es pesimista en que ese ajuste idílico se materialice, ya que los salarios tienen mucha rigidez. Eso sí, tampoco es esperable que repunten, porque la tasa de paro es muy elevada.

El riesgo de deflación es sistemáticamente negado por el Gobierno. Sin embargo, el FMI reclamaba el lunes a las economías europeas que no lo desdeñaran. Así, el IPC sigue menguando pese a que ha comenzado el repunte de los precios del petróleo (que rondan ya los 70 euros por barril). Los índices de precios de exportación e importación, por ejemplo, cayeron en abril un 2,9% y 7,4%, respectivamente. Este dato se suele emplear como un indicador adelantado del IPC.

Repercusión en todos los contratos públicos
De concluir el año con una tasa negativa del IPC, todos los contratos públicos suscritos en España tendrán que ser modificados. Este escenario tiene preocupados a letrados, empresas y administraciones. Nunca se ha producido una revisión a la baja.

Para Pedro García Capdepón, especialista en contratos públicos de Garrigues, es «algo que no ha ocurrido nunca, pero la Ley del Sector Público es muy clara». Si los índices mensuales reflejan una caída, tendrán que revisarse todas las concesiones públicas llegado el momento.

Para Fernando Vizoso, gerente del área de Infraestructuras de KPMG, en el caso de producirse dicha revisión el efecto quedaría diluido en la competencia creciente que tienen todos los contratos y concesiones realizados con la administración, de la que depende la viabilidad de muchas de las empresas del sector.

Las rebajas en los concursos públicos que se producen en los concursos son cada vez de mayor tamaño, frisando en muchas ocasiones lo temerario (20%), «por lo que no se notaría mucho una caída del IPC en torno al 0,2%» a final de año», añade Vizoso. En cualquier caso, ninguno de los dos expertos entiende la decisión tomada por el Ayuntamiento de Valencia, que ha anunciado que cambiará la revisión de todos sus contratos públicos para que las empresas concesionarias no sufran ninguna merma en las tarifas recibidas.

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