jueves, 22 de enero de 2026
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15 de diciembre de 2025
La Información
El salario mínimo se enfrenta a una batalla jurídica y numérica sin precedentes
La intención de Yolanda Díaz de vetar la compensación y absorción anticipa un frente legal con la patronal, que hará todo lo posible por frenarlo. La mesa de negociación arranca la semana que viene con cuatro cifras diferentes sobre la mesa.
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que Yolanda Díaz está perfilando para el año anticipa una batalla jurídica y de cifras sin precedentes. El Ministerio de Trabajo reúne esta semana a sindicatos y patronal para empezar las negociaciones oficiales sobre una mejora retributiva rodeada de muchas incógnitas. Porque en esta ocasión, Trabajo no solo plantea subir el salario mínimo. También quiere introducir cambios de calado en la normativa que regula este sueldo.
Los implicados —el ministerio, los sindicatos y la patronal— ya han puesto las cartas sobre la mesa. UGT y CCOO fueron los primeros en mover ficha y plantearon una subida del 7,5% para la retribución mínima legal. CEOE dio la réplica el pasado martes y propuso elevar el SMI un 1,5%, un planteamiento acompañado de una enmienda a los cálculos del comité de expertos nombrados por Yolanda Díaz para definir la postura del ministerio. El informe de los expertos, que se publicó el pasado viernes, plantea que la subida que se apruebe oscile entre el 3,1% y el 4,7% en función de si el SMI acaba tributando el año que viene o no. Una incógnita que todavía no se ha despejado, a la espera de que Hacienda, que es quien tiene la iniciativa, mueva ficha. El movimiento que haga María Jesús Montero será clave. Trabajo está esperando a que Hacienda se pronuncie para decidir por cuál de los dos rangos de subida se inclina. Fuentes oficiales del ministerio trasladan que Hacienda está abierta a actualizar la deducción que ha evitado que el SMI pague IRPF en 2025 también el año que viene. Sin embargo, todavía no hay una decisión tomada. El baile de cifras que acompaña al salario mínimo ha estado rodeado de un acalorado debate técnico sobre las estadísticas salariales. El objetivo del Gobierno es que el SMI sea equivalente al 60% del salario medio neto del país. Pero como no hay acuerdo colectivo sobre qué estadística utilizar, cada uno de los actores en la mesa barre para su casa. La patronal defiende utilizar los datos de la EPA que, según sus cálculos, señala que el salario mínimo estaría ya un 4,9% por encima de esa referencia. Aun así, los empresarios abogan por subirlo un 1,5% en línea con el acuerdo aplicado a los funcionarios. En cambio, el comité de expertos designados por Yolanda Díaz, utiliza otra referencia, la Encuesta de Estructura Salarial (EES). Una de las estadísticas más completas que hay en materia retributiva, aunque no incluye información sobre el sector agrario —dos de los sectores más afectados por el SMI— lo que hace que sea vista con desconfianza por la patronal.
Este año se ha producido un hecho insólito dentro del comité de expertos. Los representantes de los ministerios de Economía y Hacienda en el grupo han emitido un voto particular en el que se desmarcan de la metodología que ha prevalecido en el informe. Aunque su opinión no se ha incluido en el informe definitivo, La Información Económica ha tenido acceso al contenido de la opinión discrepante, en la que sostienen que la estimación es menos precisa porque en lugar de utilizar el último dato oficial de la EES (correspondiente a 2023), se ha partido del de 2022.
Pese a la discrepancia, Economía se ha apresurado a cerrar filas con Yolanda Díaz. El ministro Carlos Cuerpo señaló el viernes que la propuesta de los expertos "permite estar contentos" y garantiza que ningún trabajador perderá poder adquisitivo.
El frente jurídico
A la batalla de los números, se suma este año un frente jurídico. La intención del Ministerio de Trabajo es aprobar, por un lado, la subida del SMI y, en paralelo, trabajar en un cambio en la normativa que regula esta figura. La idea que persigue Yolanda Díaz es que las empresas no puedan descontar la subida del SMI de ciertos complementos salariales, un fenómeno conocido en la jerga laboral como compensación y absorción. Del mismo modo, Trabajo busca que la referencia al 60% del salario medio neto quede blindada a través de una norma, dado que en la actualidad es solo un objetivo que se fija el Gobierno.
Para ello, el ministerio está trabajando en un decreto, que ha sacado ya a consulta pública, pero que no tendría rango de ley, para desarrollar estos dos aspectos. Así se evitaría el trámite de pasar por el Congreso, donde el Gobierno no tiene una mayoría clara para sacar normas adelante.