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07 de noviembre de 2016

El Economista

España tiene un mes para detallar los ajustes que exige Bruselas

Europa demanda un esfuerzo de 5.000 millones y más medidas laborales

El nuevo Gobierno ha arrancado con una prioridad entre ceja y ceja: la aprobación de unos nuevos Presupuestos para el año que viene. Es una exigencia de sus socios europeos y un trámite crucial para evaluar la capacidad de supervivencia del Ejecutivo en minoría. Sin embargo, no será el único frente en el campo económico al que tendrá que atender el PP en las próximas semanas, en las que la inestabilidad política, el endurecimiento gradual del ciclo económico y los repetidos avisos de Bruselas y del FMI obligarán a reformar la economía.


1 Encontrar 5.000 millones de euros. La tarea más urgente para el equipo de Mariano Rajoy es cuajar un presupuesto que no sea lo suficientemente duro para que lo digiera Ciudadanos y, sobre todo el PSOE. Pero que incluya el doloroso trago del 0,5% del PIB de ajustes que ha exigido la UE no sólo en 2017 sino también en 2018 para volver a rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, en concreto un 2,2% en un par de años. Este esfuerzo de más de 10.000 millones en los próximos dos ejercicios tendrá que llegar vía nuevos tijeretazos o, más probablemente como quiere Bruselas, apoya el FMI y sugiere el nuevo Gobierno, con nuevos tributos como impuestos verdes.

El Gobierno también deberá esforzarse más por controlar el gasto de los municipios y, sobre todo, de las regiones. Los socios europeos advirtieron en julio que, aunque la mayoría de las CCAA (todas menos Canarias, Galicia y País Vasco), no cumplieron con el déficit de 2015, el Gobierno no empleó los poderes de la ley de Estabilidad, que podría llegar hasta una intervención directa de sus cuentas. Por eso, Bruselas presionará a Madrid para que sea más firme en mantener a las autonomías en cintura.

2 Evitar un castigo económico. El Gobierno tendrá que anunciar cuanto antes cómo piensa reunir esos 5.000 millones para pasar del 3,6% de déficit incluido en los presupuestos para 2017 enviados a Bruselas al 3,1% que exigen las instituciones comunitarias. Si no lo hace antes del 8 de diciembre, fecha límite fijada por las reglas comunitarias, podría caerle una multa del 0,5% del PIB (es decir, precisamente 5.000 millones de euros). Aunque el pasado verano la Comisión ya perdonó a nuestro país la primera multa al ser sancionada por violar el pacto de Estabilidad, en esta ocasión, la posibilidad de librarse del castigo serían casi inexistentes por saltarse las indicaciones dadas para enmendar la violación de las reglas fiscales.

Pero antes España encara otra batalla. Hoy mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, tendrá que explicar ante los eurodiputados qué medidas se han tomado para conseguir el objetivo de déficit para 2016 del 4,6%. Si no resulta convincente, sobre todo a los ojos de la Comisión, el ejecutivo comunitario podría congelar parte de los fondos estructurales destinados a nuestro país el próximo año (un máximo de unos 1.350 millones según los cálculos de Guindos, aunque la cifra se espera que fuera mucho menor). El pasado viernes el Gobierno se mostró confiado en cumplir con el objetivo.

3 Más reformas. Las reformas de las que presume Rajoy dentro y fuera de España, sobre todo del mercado laboral, no terminan de satisfacer a los agentes internacionales. Más aún cuando la lista de tareas pendientes es larga y se observa que el esfuerzo reformador se detuvo hace tres años. El mercado laboral continúa estando en el punto de mira de Bruselas, tal y como quedó claro en las recomendaciones dirigidas a nuestro país la pasada primavera. La proporción de trabajadores temporales (alrededor de un 25%) es de las mayores en la UE. Las posibilidades de que éstos consigan contratos permanentes son bajas. La alta persistencia del empleo de larga duración representa serios riesgos para la productividad y las condiciones sociales de millones de personas. La empleabilidad de los titulados superiores es de las más bajas.

Con este oscuro telón de fondo, el Ejecutivo comunitario pidió mejorar las políticas activas de empleo, poco eficientes y fragmentadas. Pero también alentar la inversión en innovación en el sector privado, que representa menos de la mitad de la media europea (un 0,6% del PIB frente a un 1,3% en Europa). Además, España debe acelerar la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado.

Un alto funcionario del Eurogrupo levantó la vista de la lista de tareas concretas para señalar que nuestro país necesita construir un crecimiento "más sostenible" a medio plazo y "más inclusivo". Es decir, tiene que aumentar su productividad mejorando el capital humano, ya que las buenas cifras de crecimiento vistas en el último par de años son la consecuencia natural del rebote de las economías que pasan por una larga recesión, pero tienen sus días contados.Más aún si sube la inflación.

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