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21 de marzo de 2012

Cinco Días

Las comunidades deben aún 21.237 millones del año pasado

Las comunidades gastaron el ejercicio anterior 162.230 millones de euros y, sin embargo, los pagos realizados en ese ejercicio no alcanzaron los 141.000 millones, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

Los datos de ejecución presupuestaria diferencian entre "obligaciones reconocidas" y "pagos realizados". El primer término hace referencia a los gastos que las comunidades han reconocido como tal y, por tanto, han sido contabilizados para calcular el déficit. Sin embargo, reconocer una deuda no significa cancelarla. De hecho, los pagos autonómicos realizados en 2011 equivalieron al 86,9% de los gastos reconocidos, un porcentaje que en el caso de Castilla-La Mancha se reduce al 61,75%.

Parte de esa diferencia se debe a que las facturas que se anotan a finales de año no se abonan hasta el siguiente y, por tanto, el gasto en términos de contabilidad nacional siempre supera a los desembolsos realmente realizados. Sin embargo, el ratio de pagos sobre gastos reconocidos en 2011 es uno de los más bajos de los últimos años.

Donde se producen más diferencias es en el capítulo de inversiones reales, en el que apenas se pagó el 57% de los gastos computados. Los Ejecutivos autonómicos argumentan que la entrada de facturas en obra pública se suele concentrar a finales de año. En cualquier caso, ciertas comunidades presentan unos datos que provocarían un insomnio crónico a cualquier contable. Castilla-La Mancha contabilizó 478 millones de gasto en inversiones en 2011 y solo abonó 56 millones.

Es decir, el 90% del importe de las obras contratadas el año anterior resta por pagar. Y en el caso de los gastos corrientes en bienes y servicios -capítulo que incluye las partidas presupuestarias para el buen funcionamiento de la Administración- solo fueron abonadas el 20% de las facturas. Castilla-La Mancha representa un caso extremo, pero ilustra las dificultades que atraviesan los Ejecutivos autonómicos para cumplir con sus obligaciones de pago. Además, el elevado déficit provoca que muchas regiones tengan las puertas de la financiación cerradas. Ante esa circunstancia, gana importancia el plan para pagar a proveedores ideado por Hacienda y que aspira a terminar con la deuda comercial de comunidades y ayuntamientos, que se estima en unos 35.000 millones de euros. En cualquier caso, los 21.237 millones que restan por pagar del ejercicio anterior no pueden identificarse en su totalidad como deuda comercial. De hecho, las comunidades solo abonaron el 57% del gasto en transferencias de capital -subvenciones a otros organismos públicos- reconocido en 2011. Esta deuda no entra en el plan de pago a proveedores.

Castilla y León es la comunidad que ha dejado un menor importe pendiente de pago del ejercicio anterior. Abonó el 97% de los gastos que contabilizó. Madrid y Navarra -dos de las comunidades con menores números rojos- aparecen también entre las comunidades más cumplidoras.

Las cifras

86,9% de pagos han realizado las comunidades autónomas durante 2011 sobre los gastos reconocidos.

478 millones gastó en inversión pública Castilla-La Mancha el ejercicio anterior y solo abonó 56 millones.

Razones para dudar del objetivo de estabilidad

Las comunidades autónomas tienen ante sí el reto de rebajar su déficit público del 2,94% registrado en 2011 al 1,5% fijado como objetivo por Hacienda para este año. En números absolutos supone un ajuste de 15.575 millones. ¿Pueden las regiones salir airosas de esta encrucijada? La experiencia reciente apunta que la respuesta es un rotundo no.

Nunca las autonomías lograron un recorte del déficit de tal magnitud. Su máximo logro fue disminuir sus números rojos en 3.000 millones el año 2004. Sin embargo, en ese ejercicio, la economía creció un 3,3% y los ingresos procedentes del sector inmobiliario desbordaban las arcas autonómicas. Ahora, en 2012, las regiones deben reducir sus gastos en 15.600 millones en un entorno de recesión económica.

Por otra parte, el objetivo de déficit del 1,5% es de obligado cumplimiento para todos, con independencia de su situación. Comunidades como Galicia, La Rioja, Canarias o Navarra, cuyo déficit en 2011 no sobrepasó el 2%, tienen posibilidades de cumplir el objetivo del 1,5%. Sin embargo, ese escenario resulta completamente irreal para Castilla-La Mancha, que cerró el año anterior con unos números rojos equivalentes al 7,3% de su PIB. Tampoco cumplirán Murcia o Extremadura, cuyo déficit superó el 4%.

Además, el 73% del ajuste de 15.600 millones que exige Hacienda depende de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Esta circunstancia añade si cabe más incertidumbre. Cataluña y Andalucía -los territorios con más responsabilidades en el recorte fiscal- fueron de las pocas comunidades que no apoyaron el objetivo de déficit del 1,5% propuesto por Hacienda al considerarlo demasiado exigente. Castilla-La Mancha sí lo respaldó, aunque lo incumplirá

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