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13 de diciembre de 2010

Cinco Días

Las tres fórmulas para rescatar a España

Todo el mundo da por hecho que los mercados financieros llevarán a cabo una nueva aceifa, esta vez invernal, sobre España. Enero, febrero, marzo, ... Como no hay señal lógica que cambie el humor de los mercados ni la dirección de los vientos, porque buena parte de sus decisiones son del todo irracionales, no es fácil establecer fecha atinada. Pero ocurrirá, porque nunca ha habido más acuerdo sobre el cumplimiento de una profecía que ahora. Las causas del castigo son discutibles y hay tantas como opiniones, pero sobre las consecuencias hay consenso pleno: un plan integral de estabilización en toda regla.

España tiene tres alternativas para resolver la situación. El autorrescate, el salvamento del paracaidista Trichet, o sucumbir a la tragedia grecocelta. La tercera opción solo es evitable si las dos primeras funcionan como dios manda, con la convicción debida. Si no lo hacen con entusiasmo, y tras haber quemado las naves en el intento, no habrá otro remedio que el rescate clásico a manos de Europa, en cuantía nada fácil de determinar, y que los españoles empezarán a devolver con una nada despreciable quita de su nivel de vida desde el primer minuto.


Plan A o autorrescate. Consiste en aplicar ese catálogo de reformas que los especialistas sospechan que los mercados quieren que el Gobierno haga, y con la suficiente intensidad como para que se sacie su apetito, como para entender que los demonios han sido exorcizados y que el país haya recuperado la virtud del crecimiento, la credibilidad y el prestigio de buen pagador y el crédito de los señores del dinero. Está enteramente en manos del Gobierno de Zapatero, y no estaría de más que contase con la carísima ayuda del partido de Rajoy. El vía crucis distará poco del exigible en caso de intervención, pero tendrá el barniz de que partirá de decisiones internas, aunque todo el mundo sospeche que es forzado por la presión de fuera.

En un rosario de viernes de dolores, quizás decreto a decreto como desde mayo, el Consejo de Ministros se pondrá manos a la obra el 28 de enero con las pensiones. Pero el programa de reformas debería extenderse a un modelo definitivo de generación energética en el que cada consumidor pagase el precio de coste y en el que el sinfín de bonificaciones que se pierden ahora en los dividendos de las compañías eléctricas debería desaparecer; a una limpieza profunda del gasto público, quizás con la elaboración de un Presupuesto de base cero que eliminase cuantiosos programas de subvenciones anquilosadas y parasitarias; una reforma de la reforma laboral, para que además de parecer una reforma fuese una verdadera reforma que facilitase y estimulase la contratación; poner de vuelta y media el sistema fiscal para que se incentive el crecimiento y los emprendedores aprecien oportunidades en vez de riesgo insalvable; una reforma en la Justicia que despeje las dudas que la catalogan como lenta, opaca y poco garantista de la seguridad jurídica que precisa la inversión; un pacto nacional para poner bajo revisión los mecanismos de financiación y fiscalización de comunidades y municipios; etc., etc. En materia de pensiones, jubilación a los 67 (o 68) años; exigir 20 (o 25) para tener prestación contributiva; hallar ésta con la cotización de los últimos 25 años (o toda la vida laboral); elevar los umbrales mínimos de cotización; y someter los avances de las mínimas al juicio de la inflación y no al capricho electoral del morador circunstancial de Moncloa.

Y dado que los mercados sospechan tanto de la banca como del Estado, y más de quien tarde más en aflorar la suciedad, la banca, para evitar una digestión lenta y atormentada de los activos indigestos, sobre todo los inmobiliarios, debería rebajar a su verdadero valor los que adquirieron o apalancaron con su crédito por cientos de miles de millones de euros. ¿180.000 millones, como insinúa el Banco de España?


Plan B o auxilio del paracaidista Trichet. La participación del Banco Central Europeo será seguramente necesaria para auxiliar, complementar y dar protección y credibilidad externa al Plan A, puesto que por sí solo podría ser superado por la furia del mercado. Seguramente por ello, en paralelo a las reformas firmes, el BCE debe estar dispuesto para comprar masivamente deuda de España, dando por hecho que lo malgastado antes en deuda irlandesa o portuguesa habrían sido meras salvas que no habrían evitado el rescate de Portugal, economía que por sus dimensiones es salvable sin poner en riesgo el invento del euro.

El balance del BCE está virgen aun si se compara con el de la Reserva Federal, y tiene capacidad para adquirir ingentes cantidades de deuda de España que evite un sobrecoste en su financiación. Esta práctica, que sería un salvamento o rescate en toda regla pero por medios heterodoxos y con anestesia, tendría el insalvable inconveniente de que es inflacionista y de que a los miembros germánicos del BCE y del Ecofin no les gustaría. Pero quizás sea menos arriesgado y caro que el rescate al estilo griego o irlandés (o portugués), que elevaría en exceso la factura para Alemania y Francia, cuyos bonos han empezado a recoger el temor con un incremento de sus rentabilidades.


Plan C o cirugía de BCE-Berlín-FMI. Si los dos primeros mecanismos fallan porque sus gestores los apliquen con desgana, será inevitable lo que ha ocurrido en Grecia, Irlanda y ¿Portugal? Si el Gobierno lograse esquivar el acoso a la deuda española recomponiendo con reformas profundas y aunque sea a medio plazo las bases del crecimiento, que de esa naturaleza es el problema de España y no de endeudamiento, los mercados morderían la yugular de la banca, que sigue sembrando dudas pese a la supuesta fortaleza exhibida en los test de estrés, salvo que en el ejercicio de autorrescate recapitalicen sus balances de forma creíble. Riesgo de estancamiento y empacho de la banca son dos incógnitas de la misma ecuación, y hasta que no se resuelva la segunda, no se despejará la primera.

El recetario del sindicato BCE-Berlín-FMI supondría un sacrificio similar al griego o irlandés ¿o portugués? A saber: subidas de todos los impuestos; nuevos recortes de gasto público, desde prestaciones de Seguridad Social o desempleo hasta sueldos de funcionarios, inversión o gasto corriente; alzas de las tarifas eléctricas para no contaminar con el déficit de tarifa la abultada deuda pública; copago sanitario por cada acto médico; recomendaciones de recorte de sueldos y precios; y, como en Irlanda, adiós al fondo de reserva de las pensiones. Todo un plan de estabilización, más complicado que el que en 1959 sacó a España y a la peseta de la autarquía, para iniciar la aventura en la que hemos terminado.

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