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20 de abril de 2010

Expansión.com

Corbacho quiere lanzar una reforma laboral que no cueste nada al Estado

Celestino Corbacho se ha lanzado a vender el proyecto de reforma laboral en el extranjero.

El ministro de Trabajo, que está en Estados Unidos desde el sábado, aprovechó la celebración de una cumbre preparatoria del G-20 para relatar las bondades de la iniciativa ante empresarios, sindicatos y periodistas, convocados en distintas sesiones, en la Embajada de España en EEUU.


Corbacho, no obstante, se limitó a dar unas pinceladas generales de la iniciativa, con la que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca reducir la temporalidad y estimular la contratación indefinida. La convocatoria escenificó las diferencias que existen en el seno del Gobierno sobre la reforma, los cambios de opinión constantes por parte del ministro y la distancia que separa a los agentes sociales implicados en el proceso.

Corbacho, que fue reprendido por Elena Salgado tras afirmar que la iniciativa abarataba el despido, volvió a defender la generalización del contrato de fomento del empleo, que, en caso de ruptura de la relación laboral por parte del empresario acarrea para el empleado una indemnización de 33 días por año trabajo, frente a los 45 del ordinario.

Si en su momento el titular de Trabajo apuntó que con este cambio, la media de los despidos se abarata, ayer fue mucho más ambiguo y contradictorio. “Hay que flexibilizar el mercado laboral, sin abaratar el despido”, indicó Corbacho para, minutos después, añadir que “hay que aligerar el coste” de la ruptura de contratos para las empresas, sin que por ello el trabajador pierda derechos adquiridos. El ministro defendió la necesidad de conciliar estas dos exigencias, aunque admitió que es complicado y que es necesario “encontrar el modelo que lo permita”.

El ministro de Trabajo reconoce que la reforma puede retrasarse más de lo esperado
El dirigente socialista también se mostró muy esquivo sobre quién va a asumir el coste de abaratar el despido y de que, al mismo tiempo, las percepciones de los empleados se mantengan. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó la semana pasada que su objetivo es que la reforma haga que el despido sea menos costoso para los empresarios. Zapatero apuntó a que el Estado podría hacerse cargo de parte del fondo para el despido de cada trabajador.

Corbacho contradijo ayer a Zapatero y aseguró que “lo ideal sería que el Estado no pague” el menor coste del despido. El ministro no obstante, admitió que la Administración puede tener que financiar parte de las indemnizaciones a los empleados en las primeras etapas de implantación de la reforma laboral. El ministro también reafirmó que las cotizaciones a las empresas tampoco se subirán. “Hay que ver cómo se financia todo dentro del sistema actual en referencia al Fogasa”, indicó.

La materialización de la iniciativa obliga a alcanzar un pacto social, entre Gobierno, empresarios y sindicatos, que están a años luz en aspectos como la generalización del contrato de fomento del empleo. Corbacho admitió que esta medida ni siquiera fue abordada ayer en las negociaciones.

El ministro también reconoció que el acuerdo puede retrasarse más de lo esperado y firmarse durante las tres primeras semanas de mayo (en contra de lo previsto, a finales de abril). Corbacho, no obstante, se mostró convencido de que la iniciativa entrará en vigor antes del verano. “Es una reforma de cierto calado, que se tiene que realizar en una época de una profunda crisis económica”.

El miembro del Ejecutivo español abogó por la necesidad de mantener los planes de estímulo a la economía para combatir el desempleo. “La crisis no puede darse por concluida cuando los problemas financieros se hayan resuelto, sino cuando se incorporen al mercado laboral los puestos de trabajo destruidos”. Estas ideas, compartidas por los ministros europeos, están siendo analizadas en la cumbre preparatoria del G-20, que concluye el miércoles.

La izquierda pide la pensión íntegra para las jubilaciones anticipadas
El grupo parlamentario que componen ERC, IU, e ICV registraron ayer el Congreso de los Diputados una proposición para reformar la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de que los trabajadores en situación de jubilación anticipada “forzosa” perciban íntegra la pensión al cumplir los 65 años, siempre y cuando se acredite un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, informa ‘Europa Press’.

En contra de lo que defiende Salgado, Corbacho aboga por mantener los planes de estímulo fiscal
Se trata de que las personas que estén en esta situación –entre los 55 y los 60 años– no se vean “penalizados” por los coeficientes reductores que se aplican a sus pensiones cuando alcanzan la edad legal de jubilación.

Los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada involuntaria y cuentan entre 30 y 35 años completos de cotización acreditados, tienen una reducción en la pensión del 7,5% por cada año de adelanto respecto a los 65 años. Entre 35 y 37 años, el coeficiente es del 7%, y un 6,5% entre 38 y 39 años. Para aquellos casos en que se superen los 40 años de cotización la rebaja en la pensión es del 6%. La proposición llama la atención sobre las desigualdades que se producen en las pensiones.

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