El Gobierno pretende llevar al Congreso antes de que concluya el año el anteproyecto de ley que fija el mecanismo por el que se condonarán hasta 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. El instrumento estaría listo antes de abril, de modo que las regiones interesadas en desprenderse de parte de su endeudamiento podrían empezar a negociar los detalles con el ministerio de Hacienda antes del próximo verano.
El texto ha surgido envuelto en críticas. Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado acogerse a la quita, al calificarla de “trampa” que penalizará a los territorios menos endeudados. Esto, pese a que la propia vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido que supondrá un ahorro de 6.600 millones de euros en intereses del que las regiones del PP serían, según sus cálculos, las más beneficiadas. Desde el mundo académico el reproche llega por el hecho de que la condonación pueda agravar el problema de infrafinanciación que varias autonomías arrastran desde la aprobación del actual modelo, hace ahora dieciséis años. De acuerdo con un informe publicado por Fedea, la Fundación de Estudios de Economía aplicada, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana son las peor paradas.
En el ‘think tank’, próximo a CEOE, calculan que el mecanismo diseñado por el Ministerio de Hacienda agrava el problema de infrafinanciación que las tres arrastran desde 2009. El ‘perdón’ diseñado por el Gobierno provoca un mayor agravio en el caso de la región gobernada por Carlos Mazón, a la que se le aplica una quita un 39,2% inferior a lo que le correspondería después de años de estar infrafinanciada por el modelo actual; el menoscabo en el caso de Murcia es del 34,5% y en el de Andalucía, del 15,3%. Por el contrario, Cataluña estaría percibiendo un 87,2% más de lo que debería, puesto que es una de las autonomías mejor tratadas por el actual sistema de reparto.
Si sólo se atiende al volumen de pasivo que el Estado les condona, Andalucía y Cataluña, aparecen las primeras de la lista, puesto que la Administración Central asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera (el 22,6% del reparto total de la condonación) y 17.104 millones en el de la segunda, un 20,5% del montante sobre el que se aplica la quita. “La condonación de deuda autonómica podría tener sentido (al menos en ausencia de serios problemas de riesgo moral) si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios”, sostiene el documento. Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación. Desincentiva la disciplina fiscalÁngel de la Fuente, autor del informe, considera que la quita genera desincentivos para la disciplina fiscal y señala varios aspectos especialmente lesivos del anteproyecto de ley. El principal es que no haya una “condicionalidad”, que se condone la deuda a los territorios sin exigirles una contrapartida, explica a este diario. En segundo lugar, que se esté “regalando un seguro a todo riesgo a las comunidades autónomas contra las vacas flacas”, apostilla.
En su opinión, el reparto de la quita se ha diseñado únicamente para cumplir el pacto con ERC que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023, al tiempo que el Gobierno ha perdido la oportunidad de emplear la condonación como contrapartida para negociar una reforma del modelo de financiación autonómica, vigente desde 2009 y que caducó en 2014 sin que ningún gobierno lo haya reformado desde entonces.
El Gobierno se escuda en que el reparto por comunidades se ha basado en criterios de población ajustada, pero con dos adendas para garantizar a todos los territorios una quita mínima del 19% del total de su deuda y para compensar a las que tuvieron durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.
A lo largo de ese periodo, defienden desde el Ejecutivo, las regiones incurrieron en un sobreendeudamiento con el Estado a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que en la práctica supuso un rescate. Ahora, también se permite acogerse a la quita a las comunidades que no se endeudaron con el Estado en aquel momento, como fue el caso de la Comunidad de Madrid, y que siguieron acudiendo por sus propios medios a los mercados en busca de financiación.
Sin embargo, el análisis y las críticas de Fedea coinciden con los de otros expertos. Desde la agencia de calificación europea Scope Ratings entienden que, si bien el mecanismo aprobado por el Gobierno es positivo desde el punto de vista crediticio, dado que reducirá la carga de la deuda de las comunidades, “entraña un riesgo moral”, lo que subraya la “necesidad” de una reforma de la financiación.