El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas para quienes trabajen a jornada completa. De esta forma, el Ejecutivo da sustento legal al acuerdo político firmado el lunes solo con los sindicatos para que las empresas empiecen a hacer efectiva la subida en las nóminas.
En cuanto el nuevo salario mínimo se publique en el BOE las empresas y organizaciones con trabajadores afectados por la subida deberán empezar a aplicarla y tendrán que hacerlo con efectos retroactivos. Es decir, tendrán que abonar la parte de la mejora no disfrutada en enero y de febrero en caso de que ya hayan cerrado las nóminas correspondientes a este mes.
El incremento del salario mínimo se traducirá en 37 euros más al mes en la nómina de los trabajadores (518 euros más al año), una subida del 3,1% que será suficiente para superar la inflación de 2025, que fue del 2,7%. La mejora retributiva llegará, un año más, casi íntegra al bolsillo de los trabajadores. La subida aprobada este martes es la octava desde 2018, con un incremento acumulado del 66%, sustancialmente superior a la inflación. El Ejecutivo ha aprobado también este martes una norma para que el SMI siga sin tributar en la declaración de la renta como ha sucedido hasta ahora. Para ello, se adaptará la deducción en el IRPF para que los trabajadores a los que su empresa les esté practicando retenciones puedan reclamar su devolución en la declaración de la renta. No obstante, el trabajador sí tiene que pagar su parte de las cotizaciones sociales (un 6,35%).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que la subida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, con especial incidencia en las mujeres, los jóvenes o los migrantes. Díaz ha reiterado que la subida del SMI es “una historia de éxito” y ha hecho un nuevo llamamiento a la patronal para que eleve el resto de salarios en la misma línea marcada el lunes por Pedro Sánchez. “El Gobierno hace su trabajo, ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, paguen más. La mediana salarial es de 1.668 euros al mes, claro que hay margen”, ha trasladado la vicepresidenta segunda, Díaz ha cargado con dureza contra Antonio Garamendi, presidente de CEOE, al que ha reprochado que cobre “23 veces el salario mínimo”. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado también contra CEOE por no aceptar el acuerdo pese a la deducción fiscal. “Hemos contribuido a que el coste para la patronal no sea tan elevado, pero a pesar de ello, no han querido suscribir el acuerdo”, ha destacado Montero, que, no obstante, ha dejado la puerta abierta a que el salario mínimo empiece a tributar en el futuro.
Más allá de la subida del SMI, el Ejecutivo todavía tiene pendiente pasar por Consejo de Ministros un decreto con el que pretende cambiar las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales para evitar que los incrementos del salario mínimo se los ‘coman’. Esta norma, que cuenta con la oposición frontal de la patronal, todavía está en audiencia pública, busca capar la capacidad de las empresas de reducir los complementos salariales de los trabajadores que cobran algo más del SMI cuando sube el suelo salarial. Nueva mesa de diálogo socialFuera de la órbita del salario mínimo, Yolanda Díaz ha aprovechado para elevar al Consejo de Ministros su informe para reforzar la democracia en las empresas. Un documento en el que se recogen propuestas como que los trabajadores pasen a formar parte de los consejos de administración o que accedan a un porcentaje de la propiedad.
También se plantea que los trabajadores puedan heredar la propiedad de las pymes cuando estas cierren por jubilación o fallecimiento de sus propietarios para evitar que se pierdan empresas o que los comités de empresa puedan vetar el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Díaz ha anunciado que convocará a los sindicatos y los empresarios dentro de dos semanas para empezar a debatir estas cuestiones con vistas a aprobar una norma en el futuro. “Queremos democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante”, ha señalado Díaz, quien ha lamentado que el 10% más rico del país concentre el 86% de las participaciones de los fondos empresariales. “Es un modelo profundamente injusto”, ha añadido.