sábado, 15 de noviembre de 2025
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04 de noviembre de 2025
El Economista
El SEPE aflora 570.000 prestaciones de paro a fijos discontinuos hasta septiembre, más del doble que antes de la reforma
Los beneficiarios mensuales se han disparado un 180% desde 2019
En los nueve primeros meses del año, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha registrado 245.754 altas iniciales de prestaciones por desempleo a trabajadores con un contrato fijo discontinuo que habían pasado a la inactividad y reanudado otras 324.410 que habían sido suspendidas. Hablamos de un colectivo excluido del paro registrado, pero que tiene derecho a esta protección mientras esperan a ser llamados de nuevo por su empresa. La cifra total alcanza las 570.164 prestaciones tramitadas, un 2,3% menos que hace un año, pero un 114% más que en el mismo periodo de 2019, último año comparable antes de la pandemia y la entrada en vigor de la reforma laboral.
Solo en septiembre se produjeron 49.221 altas o reanudaciones, un máximo de la serie que arranca en 2017 y un 207% más que en el mismo mes de 2019. Pero en ese mes solo había 88.195 beneficiarios efectivos (que aun así suponen un 180% más que en 2019), mientras que la media mensual de perceptores en lo que va de 2025 se sitúa en 129.650 (un incremento del 122,4% respecto a hace seis años).
Así, estos trabajadores 'inactivos' suponen un 11% de las personas que cobran una prestación por desempleo cuando en 2019 eran el 7,7% pero en seis años han pasado de concentrar un 8,4% de las altas y reanudaciones al 16,9%: más del doble. Un análisis de los datos del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo revela la enorme volatilidad de las prestaciones, que hace difícil estimar el número efectivo de trabajadores fijos discontinuos que han accedido a una prestación al pasar a la inactividad.
Las ayudas que reciben se contagian de la misma rotación de unos puestos de trabajo marcados no solo por la alternancia ente suspensiones de empleo y 'rellamamientos' por parte de sus empresas (algunos, como los contratados por ETTs acumulan hasta 6 al año): los que rechazan reincorporarse sin motivo justificado pierden cualquier derecho a la prestación, incluso si pierden el trabajo y se convierten en parados ordinarios, ya que la empresa les da de baja por dimisión.
El SEPE lleva un registro de estas bajas de prestación, pero no concreta las causas, con lo cual es imposible rastrear qué ocurre exactamente con estas personas. Un agujero estadístico más de los muchos que rodean a esta figura y que nunca habían sido tan polémicos como después del cambio de la legislación laboral en 2021, que disparó el uso de este tipo de contratos. Lo que sí nos dicen los datos es que el incremento ha sido más pronunciado entre las altas iniciales: han subido un 133%, pasando de 105.427 en 2019 a 245.754 en 2025, mientras que las reanudaciones han aumentado un 102,5%. Los datos de 2020 y 2021 vienen sesgados por la pandemia, durante la que los fijos discontinuos se beneficiaron de medidas similares a las de los ERE (como no agotar la prestación por desempleo, aunque el llamamiento se demorase). En 2022, la evolución no responde ya a este efecto y solo puede explicarse por la entrada en el mercado laboral de nuevos trabajadores con este tipo de contrato (han pasado de suponer el 2,6% de los asalariados al 5%).
Antes y después de la reforma
Pero el hecho de que cuatro años después del cambio legal, las cifras tanto de altas como de beneficiarios netos se mantienen en máximos, indica que no hablamos de un ajuste coyuntural sino de un cambio de paradigma en este tipo de empleos. Muchos de los contratos fijos discontinuos ya no se ligan solo a actividades estacionales y recurrente como el turismo de temporada. Además, trabajan por periodos más cortos. La consecuencia es que agotan antes las prestaciones y tienen que esperar a generar derechos para acceder a una nueva, lo que explica el incremento mayor de las nuevas altas inicial sobre las reanudaciones.
Esto debería verse confirmado por el desplome de los fijos discontinuos que cobran un subsidio de paro. En 2019 se produjeron 56.742 altas y reanudaciones de ayudas asistenciales de trabajadores que cobraban un subsidio por pase a la inactividad. En 2025, fueron solo 127.
El problema es que esta abrupta caída tiene otra explicación: la reforma facilitó que estos trabajadores accedieran a subsidios ordinarios, de duración y cuantía similar al del resto de trabajadores, pero ya no se desglosan estadísticamente. Por tanto, los datos no son comparables, y la incógnita sobre la calidad de la protección por desempleo de estos inactivos 'no parados' se mantienen. En todo caso, las cifras de beneficiarios de prestaciones, tanto mensuales como en media anual confirman un repunte sostenido. El Ministerio de Trabajo lleva casi tres años negándose a concretar el número de trabajadores fijos discontinuos que no trabajan y se han inscrito en las oficinas de empleo, con la excusa de que la competencia es de las comunidades autónomas. Ello a pesar de que el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene estas cifras.
De hecho, el Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo recoge un estudio sobre los "colectivos excluidos del paro registrado" que realiza la estimación de los fijos discontinuos inactivos apuntados al paro, como hemos contado en elEconomista.es, aunque se publica con un amplio decalaje y la cifra de 2025 no se conocerá hasta bien entrado 2026. Pero la mayoría son demandantes de demandantes de empleo con relación laboral, y esta cifra sí se publica con carácter mensual.
Pero al comparar esta cifra con la de los beneficiarios de prestaciones cuando se aprecia una abultada diferencia. En septiembre había 743.349 de estos demandantes, pero solo el 11% cobraba una prestación. En 2019, la ratio era del 13%. Otro indicio de que, a pesar de que su peso en el empleo es más elevado que nunca, su protección por desempleo o 'inactividad', al menos a nivel contributivo (ya que el SEPE no desglosa cuántos cobran hoy un subsidio) no ha mejorado.
Aunque lo cierto es que tampoco sabemos cuántos de esos fijos discontinuos registrado como demandantes con relación laboral no están trabajando. Puede que sus periodos de actividad e inactividad sean tan volátiles que ni siquiera se den de baja en la demanda de empleo (algo que no se hace automáticamente aunque hayan sido llamados por la empresa, ya que no son parados). Una incertidumbre adicional que complica aún más el análisis de unos datos que el Gobierno parece ser el último interesado en clarificar.