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10 de enero de 2018

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Así castiga a las familias españolas la falta de presupuestos

La falta de acuerdo entre los partidos políticos ha provocado que todavía no se hayan aprobado las cuentas para 2018, lo que compromete la entrada en vigor de las medidas anunciadas por el Gobierno y Ciudadanos.

Mileuristas, familias, jóvenes, funcionarios, autónomos, constructoras, el cine... son muchos los sectores que se encuentran a la expectativa de que España tenga nuevos Presupuestos Generales para 2018. La falta de acuerdo ha provocado que el Gobierno haya tenido que retrasar algunas de las medidas que ya estaban anunciadas -como el complemento salarial para los jóvenes trabajadores o la bajada del IVA del cine-, que podrían quedar en papel mojado si hubiera que prorrogar las cuentas de 2017.

Ante esta situación, Rajoy ha fijado la aprobación de las cuentas como su prioridad política para el inicio del año. El presidente considera que la aprobación de las cuentas mandaría un mensaje de estabilidad tras la situación en Cataluña y aliviaría a los españoles de algunas de las cargas que tuvieron que soportar como consecuencia de la crisis. Para ello, una vez pasados los comicios del 21-D, cuenta con retomar los contactos con el resto de partidos, especialmente el PNV, con quien las negociaciones se encontraban ya avanzadas cuando irrumpió la crisis catalana.

Sin embargo, el resto de formaciones políticas todavía no parecen especialmente proclives a alcanzar un acuerdo. El último en encarecer su apoyo ha sido Ciudadanos, que a través de su líder Albert Rivera exigió ayer la dimisión de la senadora Pilar Barreiro, imputada por delitos de corrupción. La posición de los naranjas se ha visto reforzada tras los resultados de las elecciones en Cataluña, que a su vez han propulsado las expectativas del partido a nivel nacional. Esto implica que Ciudadanos sería el principal beneficiado de unas hipotéticas elecciones anticipadas como las que se podrían producir en caso de no aprobarse las cuentas. Sin embargo, este escenario también implicaría la no entrada en vigor de los compromisos que consiguieron en septiembre, como la exención del IRPF para los mileuristas o la ampliación del permiso de paternidad.

Por eso, José Manuel Villegas pedía el pasado domingo al Gobierno que intentara aprobar las cuentas con el apoyo del PSOE, para no quedar una vez más en manos de los nacionalistas.

Esta suma, a la que tampoco se cierra el Gobierno, ha sido calificada como "imposible" por los socialistas. Lo hacía ayer su secretario de organización, José Luis Ábalos, quien explicaba este rechazo por los "recortes" que a su juicio incluirán las cuentas, por lo que invitaba al PP a seguir las negociaciones con el resto de partidos de la derecha.

La presión sobre el PSOE también aumentó la semana pasada por vía indirecta, cuando una carta del Ministerio de Hacienda notificaba a las autonomías que el aumento en las transferencias previstas para este año -de hasta 4.230 millones de euros- quedaba subordinado a la aprobación de las cuentas. Aunque algunos barones socialistas han protestado por esta medida, de momento no se han alzado voces dentro del partido que planteen a Pedro Sánchez flexibilizar su postura.

Ante este situación, la conocida como vía 176, con la que se aprobaron las cuentas de 2017, se mantiene como la más probable. Y para alcanzarla, todas las miradas se dirigen hacia el PNV, que de momento ha mantenido una actitud deliberadamente ambigua. Aitor Esteban, portavoz de los jeltzales en el Congreso, recordaba ayer en una entrevista concedida a Radio Euskadi que su partido sólo entrará a negociar el apoyo a las cuentas una vez que se haya levantado la aplicación del artículo 155 sobre la Generalitat, aunque no precisó cuáles serían las contraprestaciones que solicitaría a cambio de un voto favorable. Además, dejó abierta la puerta a que el Gobierno busque otras fórmulas que no requieran la participación de su grupo.

En el Ejecutivo confían en que juegue a su favor la buena sintonía que se ha intentado mantener con el PNV durante los últimos meses, pese al estallido de la crisis catalana. En esta línea se entiende la abstención de los populares vascos para que el lehendakari Urkullu pudiera aprobar sus propios presupuestos y la defensa cerrada del concierto económico que mantuvo el Gobierno frente a las fuertes críticas realizadas por Ciudadanos.

Una vez conseguido el apoyo de los nacionalistas vascos, sólo restaría por obtener el de los canarios. Aunque una última negociación será inevitable, éste parece garantizado. Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias que completaría la mayoría necesaria, ya ha indicado que volverá a prestar su apoyo a las cuentas a cambio de mejoras concretas para la comunidad, como una limitación del precio máximo de los viajes. Exención del IRPF para los mileuristas
La ausencia de Presupuestos para 2018 compromete la entrada en vigor de la exención del IRPF para los trabajadores que cobren menos de 14.000 euros anuales, uno de los principales compromisos que consiguió Ciudadanos al negociar su apoyo a las cuentas. De no aprobarse unas nuevas cuentas, el mínimo exento se mantendría en los 12.000 euros anuales. Asimismo, ambos partidos acordaron una reducción en la cuota aplicable en el tramo de 14.000 a 17.500 euros, aunque por el momento no se ha precisado su importe.

Ampliación del permiso de paternidad

Otro de los acuerdos estrella entre Ciudadanos y el PP fue la ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas. Para favorecer la natalidad y ayudar a la crianza de los infantes, también se aprobarán nuevos cheques guardería para niños de 0 a 3 años. Por último, ambas formaciones pactaron una devolución de 1.200 euros a través de la declaración de la renta para las familias que estén a cargo de una persona con discapacidad o mayores de más de 80 años y familias numerosas a partir del cuarto hijo.

Complemento salarial para los jóvenes

El Ministerio de Empleo espera a que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado para poner en marcha el complemento salarial de 430 euros para los jóvenes que tengan un contrato de formación. Esta medida forma parte del plan de choque para favorecer el empleo juvenil que está desarrollando el Gobierno en colaboración con los agentes sociales, donde también se contemplan otras medidas como la bonificación de hasta 3.000 euros en cotizaciones para los contratos de formación que se conviertan en indefinidos.

Subida de sueldo para los funcionarios

Las cuentas de este año también deben recoger el incremento salarial para los funcionarios. Gobierno y sindicatos todavía no han alcanzado un acuerdo sobre el importe de esta subida para los próximos tres años, aunque Hacienda se ha comprometido a que en 2018 sea de al menos el 1,5%. Asimismo, el Ejecutivo ha prometido que con los nuevos presupuestos se iniciará la equiparación de los sueldos de la Policía y la Guardia Civil con los de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, pues estos cuerpos cobran actualmente entre 400 y 1.000 euros menos.

4.230 millones más para las autonomías

Hacienda ha supeditado a la aprobación de los nuevos presupuestos la transferencia a las comunidades autónomas de 104.234 millones de euros, 4.230 millones más de los que habían recibido el año pasado. Esta última es la cantidad que dejarán de percibir las regiones, según les comunicaba el Ministerio la semana pasada. Esto perjudica especialmente a la Comunidad Valenciana, que ingresará 353,63 millones menos de lo que estaba previsto; Cataluña, que pierde 779 millones y Andalucía, que estaría 805 millones por debajo de lo estimado inicialmente.

Bajada del 21% al 10% del IVA del cine

La reducción del IVA cultural ha sido una de las principales reclamaciones del sector para sobreponerse al impacto de la crisis, cuando sufrió una subida en este impuesto de hastael 21%. El primer paso se dio con los Presupuestos de 2017, que permitieron una rebaja al 10% para los espectáculos en directo, como conciertos, espectáculos de danza, obras de teatro o corridas de toros. En las cuentas de 2018 se prevé ampliar esta rebaja a las entradas de cine, una medida que agradecerá tanto la industria como los bolsillos de los espectadores.

Desvincular la cuota de autónomos del SMI

Una de las principales medidas de la Ley de Autómos es desvincular la base de las cotizaciones de los autónomos societarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto permite que este sector no se vea perjudicado por la subida del salario mínimo, que el Gobierno prevé incrementar hasta un 20%en los tres próximos años. La nueva base debería figurar en los presupuestos tras la negociación entre el Ejecutivo y las principales asociaciones del sector, pero la ausencia de cuentas para este año hace que la cuota permanezca vinculada al SMI.

Nuevas inversiones en infraestructuras

Las cuentas de 2018 también recogerán las inversiones que plantea realizar el Ejecutivo en materia de infraestructuras, algo que aguardan las principales constructoras del país. Y aunque no se ha desvelado su desglose, el Gobierno ya ha alcanzado algunos compromisos. El propio Mariano Rajoy ha prometido que se va a potenciar el Corredor del Mediterráneo. Asimismo, el Ejecutivo central debe cumplir con los compromisos adquiridos con el Gobierno Vasco para el desarrollo de la "Y" vasca, que llevará la alta velocidad a la comunidad.

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